Piden retirar cargos contra cinco ambientalistas en El Salvador

5 de enero de 2024 Hora: 21:51

Organizaciones no gubernamentales de El Salvador, 185 académicos y abogados y 13 organizaciones de 26 nacionales firmaron una carta que fue entregada este viernes a la Fiscalía General de la República (FGR) en la que piden que se realice un sobreseimiento definitivo del proceso de cinco ambientalistas de la comunidad Santa Marta.

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La solicitud entregada a la FGR va dirigida al fiscal general Rodolfo Delgado en la que solicitan que se abandone el proceso y se retiren los cargos contra los Defensores Comunitarios de Santa Marta.

Los cinco ambientalistas fueron acusados de presuntos Crímenes de Guerra, por el asesinato de una mujer durante la guerra civil (1980-1992), siendo detenidos el miércoles 11 de enero del 2023.

Representantes de la Mesa Nacional Antila Frente a la Minería, Ambientalistas de Santa Marta, Asociación de Desarrollo económico Social (ADES) y representantes Universitarios presentaron una carta abierta ante la Fiscalía General de la República para que desista del proceso… pic.twitter.com/Q30OqGuOUL

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January 5, 2024

Por su parte, las organizaciones sociales manifiestan que la acusación penal contra los ambientalistas carece de fundamento jurídico y es una acción para perseguir a defensores ambientales y debilitar la resistencia anti-minería, por lo que solicitan la nulidad del proceso y cerrar definitivamente el caso.

Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho, Saúl Rivas y Fidel Recinos, a quienes se les imputa ser presuntos responsables de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.

La comunidad Santa Marta se ubica en el municipio de Victoria del departamento de Cabañas (norte), y los líderes comunitarios ambientales de esa comunidad fueron parte de la solicitud de la prohibición de la minería metálica en el territorio salvadoreño, que fue prohibida en legislación aprobada en marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa.

Entre los que rubrican la carta enviada al fiscal general, se encuentran representantes de la Mesa Nacional Antila Frente a la Minería (Acafremin), Ambientalistas de Santa Marta, Asociación de Desarrollo económico Social (ADES) y representantes universitarios.